Tache para México en la prevención de Tráfico de Personas!

El tráfico de personas se ha incrementado en los últimos años. El abuso a los derechos humanos de las personas con las que se trafica, particularmente mujeres y niñas, ha despertado una gran preocupación tanto en las organizaciones no gubernamentales como en los gobiernos de los distintos países. De acuerdo a la definición del Protocolo de Palermo, firmado el 28 de enero de 2004, el tráfico de personas se refiere al reclutamiento, transporte o transferencia de personas mediante amenazas, varias formas de coerción, fraude, engaño, el abuso del poder o de una posición de vulnerabilidad con fines de explotación. Mientras el tráfico de personas es una clara violación de los derechos humanos y tiene efectos dañinos en las víctimas, sus consecuencias son también perjudiciales para la sociedad en general. De acuerdo a estadísticas de las Naciones Unidas, se estima que novecientas mil personas son víctimas de este delito.

Sociedades como la mexicana son muy vulnerables a experimentar el tráfico de personas. La condición geográfica del país, su historia y las condiciones económicas de inequidad, pobreza y falta de oportunidades han facilitado el surgimiento de este problema: cada año se trafican entre 6,000 y 8,000 mujeres que son llevadas de estados como Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo y Puebla a la ciudad de México, Cancún y Guadalajara; así como a Estados Unidos y Canadá, con el fin de explotarlas. La mayoría de estas mujeres a menudo carecen de educación y no tienen posibilidades de obtener un empleo bien remunerado en sus comunidades de origen; ya que generalmente viven en comunidades muy pobres, en las que debido a la falta de infraestructura física y social, no tienen esperanza de un mejor futuro. Incluso, en algunas ocasiones las víctimas son vendidas por miembros de su propia familia y otras, engañadas con la promesa de mejores condiciones de trabajo. Los testimonios de las que han logrado escapar, muestran cómo los traficantes usan cualquier medio posible para intimidarlas, chantajearlas, humillarlas y lograr su completa obediencia. Sin embargo, raros son los casos en los que las víctimas logran escapar, ya que las mantienen “prisioneras” en pequeños departamentos y burdeles muy custodiados. Es alarmante que el 89% de las víctimas tienen por lo menos un hijo y que fueron capturadas porque buscaban mejores oportunidades de empleo para mantener a su familia. Además, sólo el 30% de las personas que han sido víctimas de traficantes logran superar ese trauma y llevar una vida normal.

En algunos casos las víctimas aceptan la condición de explotación, debido a que es su mejor opción disponible. Esta es la situación, por ejemplo, de las mujeres migrantes, las cuales dejan su suerte en manos de los polleros con tal de llegar del otro lado de la frontera. De acuerdo a un estudio de Lorena Aresti de la Torre, académica e investigadora de la UAM campus Xochimilco, el 80% de las mujeres que emigran a Estados Unidos son víctimas de traficantes, sufren violaciones y vejaciones tanto en el trayecto como en el cruce hacia los Estados Unidos.

El problema en México es que a pesar del conocimiento de algunos casos, no existe una percepción homogénea del tema por parte del público en general. Las autoridades no tienen una comprensión clara y profunda de la situación, la lucha contra la trata de blancas se ve afectada por la ausencia de una legislación específica y la falta de coordinación e intercambio de información entre las instituciones públicas y sociedad civil. A pesar de que el país ha ratificado el Protocolo de Palermo, sus contenidos aún son poco conocidos y la simultaneidad entre la legislación federal y estatal dificulta el abordaje legal.
El gobierno de México no cumple plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata; sin embargo, está haciendo esfuerzos significativos para lograrlo. Las reformas legales en materia de trata de personas siguen pendientes en el Congreso mexicano y hay un sinnúmero de insuficiencias en el sistema jurídico actual, además de que el CISEN, (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) competencia designada para combatir la trata, enfrenta graves problemas estructurales.

Es de vital importancia que se destinen tiempo y recursos suficientes para combatir las redes de traficantes que atentan contra los derechos humanos básicos de los individuos. El cumplimiento de la ley y la lucha contra la corrupción gubernamental son posibles acciones que los gobiernos pueden utilizar para contener el tráfico de personas. Un primer paso para que México se desarrolle como país es garantizar la libertad, seguridad y oportunidades de sus ciudadanos.